La doctora Whanda Fernández León, en su columna de
Ambito Jurídico de octubre 30 de 2012, nos invita a conocer sobre una nueva
corriente que ha hecho metástasis en el Sistema Jurídico Colombiano, en especial
en el campo del Derecho Penal, hablo del POPULISMO PUNITIVO y sus tentáculos
malintencionados en desmedro de la Política Criminal del Estado.
Bajo esta breve presentación, los invito a leer a
esta elocuente jurista, letras que recomiendo en especial a los estudiantes de
pregrado de Derecho de la Universidad de la Amazonia y de la Universidad
Cooperativa de Colombia Sede Neiva.
30 de Octubre 9:15 AM
Whanda
Fernández León
Prora
asociada Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional de Colombia
“Dura es la verdad, pero es la verdad” David García Bacca. Filósofo español |
Definido como la doctrina
política que se proclama defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo,
el populismo punitivo ha penetrado con fuerza arrolladora en los espacios de la
justicia y so pretexto de sosegar los efectos de la inseguridad ciudadana y de
la poca confianza en la efectividad del aparato judicial, ha logrado expandir
el derecho penal, desquiciar el sistema de juzgamiento, socavar el espíritu
garantista de las normas y acomodarlo a interpretaciones arbitrarias y
restrictivas, ostensibles en la actuación de un amplio sector de fiscales y en
las desconcertantes providencias de algunos jueces y magistrados.
Para el experto dominicano
Eduardo Jorge Prats, populismo penal “es la estrategia desplegada por actores
políticos y funcionarios del sistema penal, encaminada, aparentemente, a
remediar los problemas que se derivan del crimen y la inseguridad”, pero que en
el fondo implica una alianza demagógica para crear en la conciencia ciudadana
la necesidad de aplicar medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia cero”
contra los infractores, aun en delitos de menor impacto, a sabiendas de que son
respuestas eufemísticas, viscerales, basadas en sondeos no confiables, que
lejos de disminuir la tasa delincuencial, la incrementan de manera incontrolable
.
El impacto mediático del
delito que conmociona al ciudadano es aprovechado en este contexto, para
aparentar que se da respuesta a las justas reclamaciones de la sociedad,
asediada por múltiples violencias. Es cuando aparecen los redentores, los vengadores
de la justicia, vestidos de toga en los complejos judiciales escudriñando la
verdad verdadera o, en los escenarios parlamentarios, enarbolando otro proyecto
retrógrado de urgente aprobación. “Primero, hace falta infundir alarma social
entre los ciudadanos, meterles miedo y después, ya vendrán los diferentes
actores a aportar soluciones represivas, que serán inmediatamente aceptadas por
una población asustada de antemano. Se trata de tocar las fibras más sensibles
de la población para producir un consenso social y aplicar las más represivas
políticas en materias penal, judicial, penitenciaria y administrativa”,
advierte el profesor español Iñaki Rivera, director del Observatorio del
Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.
El populismo penal promueve,
desde el Gobierno y el Parlamento –obviamente sin previos estudios de política
criminal, pero con gran incidencia en el nivel político-electoral–, la
expedición de leyes impróvidas, incongruentes, irracionales, para aumentar penas,
crear delitos, reducir beneficios, privatizar la justicia y de contera,
desestructurar el modelo procesal, soslayar derechos, menoscabar garantías y
vulnerar el debido proceso acusatorio.
Populismo penal es el
terrorismo judicial que amenaza al defensor que se opone a los desafueros; que
intimida al fiscal que archiva o impetra preclusiones; que procesa
disciplinaria y/o penalmente al juez constitucional que cumple a cabalidad su
sagrada misión. Populismo es derecho penal del enemigo y al enemigo hay que
inocuizarlo a cualquier precio.
El desbordado número de
presos, la cárcel como megadepósito de seres humanos, el hacinamiento, la
violencia intra-carcelaria, son la mejor prueba del endurecimiento exagerado
del sistema penal, que permite que magistrados, jueces y fiscales no sean
sancionados cuando privan ilegalmente de la libertad, acusan o condenan sin
pruebas suficientes, pero sí cuando disponen libertades, revocan detenciones,
conceden domiciliarias o absuelven.
El populismo penal impone,
además, el uso de lenguajes bélicos: “guerra al delito”, “combate a la
criminalidad”, “neutralización del delincuente”, división entre buenos y malos,
por lo que todo se resuelve enjaulando a los “malos” y asegurándolos con
cadenas perpetuas.
De un Estado social de
derecho, se pasó a un Estado penal de no derecho; el proceso se convirtió en una
herramienta al servicio de la política de seguridad; se criminalizó la vida; se
politizó la justicia; el control del crimen se volvió tema de campaña y se
pretende disuadir al infractor, sin preocupación alguna por generar soluciones
sociales efectivas, no excluyentes, ni discriminatorias, que reduzcan la
desigualdad. El hambre, el desempleo, la enfermedad, la falta de vivienda
digna, la carencia de educación gratuita, también cuentan.
Como bien lo anota Massimo
Pavarinni: “dar mayor poder a la policía, expedir leyes que incrementen las
penas, invertir algunos recursos en vigilancia a través de circuitos cerrados
de televisión, instalar cierta cantidad adicional de lámparas en la vía pública
y alguna que otra cosa por el estilo, no significa tener una cultura de
gobierno de la seguridad”.
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